Caso N°8: Contraloría ordena a Tesorería ajustar criterios en prescripción de deudas tributarias
Caso N°8 de su Catálogo de Vulneración de Derechos del Contribuyente, se titula “Interpretación de requisitos legales por TGR sin facultades”.
FESIT, 6 de abril de 2026.- La Fundación de Estudios Sistémicos Tributarios dio a conocer el Caso N°8 de su Catálogo de Vulneración de Derechos del Contribuyente, titulado “Interpretación de requisitos legales por TGR sin facultades”, en el cual se informa que la Contraloría General de la República instruyó a la Tesorería General de la República (TGR) corregir los criterios aplicados en la declaración de prescripción de deudas tributarias, tras determinar que el organismo excedió sus atribuciones legales.
El pronunciamiento se da en el marco de la aplicación de la Ley N°21.713, publicada en octubre de 2024, la cual estableció que la TGR debía declarar de oficio, en un plazo de 180 días, la prescripción de determinadas obligaciones tributarias emitidas hasta el 31 de diciembre de 2013.
Sin embargo, mediante una resolución dictada en abril de 2025, la TGR incorporó causales de exclusión para acceder a este beneficio, lo que motivó reclamos de particulares ante el ente contralor. En su dictamen N°D9/2026, emitido en enero de este año, la Contraloría concluyó que dichas exclusiones no están contempladas en la ley, por lo que carecen de sustento jurídico.
El organismo fiscalizador precisó que la normativa solo faculta a la Tesorería a establecer normas de carácter general para ejecutar la declaración de prescripción, pero no para determinar qué deudas pueden o no acogerse a este mecanismo, ya que ello fue definido directamente por el legislador.
Asimismo, el dictamen reafirma el principio de legalidad que rige a los órganos del Estado, recordando que estos solo pueden actuar dentro de las competencias expresamente otorgadas por la Constitución y las leyes. En esa línea, la Contraloría otorgó un plazo de 60 días a la TGR para adoptar las medidas necesarias que permitan dar cumplimiento íntegro a lo dispuesto por la ley.
El caso pone en evidencia tensiones recurrentes en la interpretación administrativa de normas legales, especialmente en materias tributarias, donde la certeza jurídica resulta clave tanto para los contribuyentes como para el desarrollo económico del país.
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