Chile busca blindar las inversiones con un nuevo estatuto de estabilidad tributaria
A través de un documento técnico elaborado por la Fundación de Estudios Sistémicos Tributarios (FESIT), se propone que Chile avance hacia el reconocimiento constitucional de los denominados «contratos-ley».
FESIT, 9 de abril de 2026.- El Gobierno ha iniciado el diseño de un ambicioso Estatuto de Garantías Tributarias que busca transformar la manera en que el Estado se relaciona con los inversionistas nacionales y extranjeros.
La iniciativa tiene como eje central la implementación de mecanismos de invariabilidad fiscal, lo que permitiría a las empresas asegurar que las reglas del juego en materia de impuestos no cambien durante el desarrollo de sus proyectos, proporcionando un entorno de certidumbre jurídica que hoy se considera clave para reactivar la economía.
A través de un documento técnico elaborado por la Fundación de Estudios SistémicosTributarios (FESIT), se propone que Chile avance hacia el reconocimiento constitucional de los denominados «contratos-ley». Esta figura permitiría que los acuerdos de estabilidad entre el sector privado y el Estado tengan una protección superior, evitando que futuros cambios legislativos o reformas tributarias afecten de manera unilateral los beneficios o regímenes pactados. La propuesta recuerda que, aunque el país ha tenido experiencias exitosas en el pasado con herramientas como el D.L. 600 en minería o las leyes de zonas extremas, la falta de un marco constitucional robusto ha generado en ocasiones controversias que este nuevo estatuto pretende erradicar definitivamente.
Para adaptarse a las exigencias internacionales y a las recomendaciones de organismos como la OCDE, el proyecto también contempla alternativas modernas como las cláusulas de equilibrio económico. Bajo este esquema, en lugar de congelar la ley, el Estado mantendría su facultad de legislar, pero se comprometería a compensar económicamente al inversionista si un aumento de impuestos llegara a alterar la viabilidad financiera de su proyecto. Este enfoque busca equilibrar la soberanía fiscal del país con la necesidad de ofrecer un refugio seguro para capitales que requieren décadas para recuperar su inversión.
La implementación de este estatuto se perfila como una herramienta estratégica para que Chile recupere competitividad frente a vecinos regionales como Perú y Argentina, que ya aplican modelos similares de protección contractual. Al priorizar sectores de alta intensidad de capital, como la energía renovable, la infraestructura y la minería, el Gobierno apuesta por consolidar un modelo de crecimiento basado en la confianza y en la estabilidad institucional a largo plazo, garantizando que el país sea visto nuevamente como un destino prioritario para el desarrollo de grandes proyectos globales.
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